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Marlaska se lava las manos, delega su responsabilidad a un acuerdo de asociaciones profesionales de Guardia Civil y sindicatos de Policía Nacional el reparto de los 274 millones del tercer tramo de equiparación

ministro del interior fernando grande marlaska

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene en sus manos la decisión de abonar a los guardias civiles y policías la tercera subida de sueldo que permitirá que los funcionarios equiparen su salario con el de los Mossos d'Esquadra. Así lo admitió el propio ministro el pasado martes, durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. En concreto, lo hizo durante la respuesta que dio a una pregunta del diputado de Ciudadanos Pablo Cambronero sobre cuándo va a pagar el Ministerio el mencionado tercer tramo del incremento salarial.

Grande-Marlaska contestó que efectuaría el abono en cuanto la Comisión Técnica de Seguimiento del Pacto de Equiparación se reuniera y especificara qué porcentaje de los 274 millones de euros previstos para esta tercera partida se llevarían los guardias civiles y cuál acabaría en los bolsillos de los policías nacionales. La decisión de la mencionada Comisión Técnica, compuesta por sindicatos y asociaciones de ambos cuerpos y por representantes de la Secretaría de Estado de Seguridad, sin embargo, no será tan fácil de tomar y el propio ministro es consciente de ello.

La razón es que el dinero se ha repartido de forma diferente en los dos primeros tramos. En el primero, la Guardia Civil se llevó el 59% del montante total previsto para ese momento (308 millones de euros) y la Policía, el 41% restante. La consultora que elaboró el informe que fijó las cantidades argumentó que los miembros de la primera corporación cobraban menos que los de la segunda, por lo que a su entender merecían ser resarcidos en este plan de equiparación con más dinero que los funcionarios del cuerpo hermano.

En el segundo tramo, sin embargo, las cosas cambiaron. El director general de la Policía, Francisco Pardo, convenció a su entonces homólogo en la Guardia Civil, Félix Azón, de que sus subordinados merecían más de ese 41%. Fue entonces cuando la proporción que se iban a llevar los miembros de la benemérita disminuyó en favor de la que ingresarían los policías. En concreto, los guardias civiles recibieron en el segundo tramo el 57,28% de la suma total designada para ese momento (249 millones de euros). Los policías, por su parte, se embolsaron el 42,72% de esa misma cantidad, casi dos puntos porcentuales más que en la primera subida.

Ahora, ambas partes tienen que repartirse los últimos 274 millones de euros correspondientes al tercer y último tramo del plan de equiparación, que situarán el dinero total derivado por el Gobierno a esta iniciativa firmada por sindicatos y Ministerio del Interior durante la época en la que el PP estaba al frente del departamento hoy dirigido por Grande-Marlaska en más de 830 millones. El reparto, sin embargo, no será un paseo de rosas, sino todo lo contrario. Ni guardias civiles ni policías están por la labor de ceder.

"Reclamaremos lo mismo que en el primer tramo, cuando el reparto fue 59-41", asegura Ángel Ramírez, portavoz de la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil. "Pedimos recuperar el porcentaje perdido en el segundo tramo", subraya en la misma línea el representante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, la mayoritaria en el cuerpo, Juan Fernández. "El 59% es lo que se acordó, así se repartió el primer pago", defiende igualmente el presidente de la Unión de Oficiales, Francisco Ruiz, quien asegura que lo que pasó en el segundo tramo fue consecuencia de la presión ejercida por los sindicatos policiales sobre la Secretaría de Estado de Seguridad en plena campaña a las elecciones sindicales.

"El informe de la consultora, además, señalaba que el porcentaje correcto era el del 59-41%, que además es el que se acordó en un principio, que no es arbitrario, sino el resultado de comparar los diferentes rangos de cada cuerpo con los de los Mossos d'Esquadra", argumenta Ruiz, cuyo criterio no es compartido de ningún modo por los sindicatos policiales, que abogan por reducir aún más la distancia entre los dos porcentajes. Desde el Sindicato Unificado de Policía critican que la consultora no tuvo acceso a los datos de salarios de los Mossos de forma oficial, ya que la Generalitat se negó a proporcionárselos.

Los representantes de este sindicato ven la realidad narrada por los guardias civiles desde otra perspectiva. "En el primer tramo nos tocó ceder y por eso salió así, aquello ya estaba suficientemente desequilibrado contra nosotros; pero no podemos estar cediendo siempre porque los nuestros nos lo exigen", explican desde el SUP, una organización que no comparte el reparto del 59-41 que determinó el informe. "La auditoría está denunciada", justifica. "Se tomaba un cuerpo de referencia, el de los Mossos, pero sin datos oficiales; han hecho una pantomima", valoran desde la organización sindical. "Del 55-45% no nos vamos a bajar", aseguran tajantes.

En la misma línea se expresa Pablo Pérez, portavoz de Jupol. "Solicitamos un reparto equitativo para todos los trabajadores de la Guardia Civil y de la Policía", afirma el representante del sindicato mayoritario de este último cuerpo, quien al igual que el SUP pide hacer una división por número de efectivos. "Pretendemos que se sumen los miembros de uno y otro cuerpo, que los 274 millones se dividan por el número total de agentes que suman ambas instituciones y que la cantidad resultante luego se divida por la plantilla de cada corporación, de modo que el incremento sea el mismo para cada policía y para cada guardia civil", arguye Pérez.

El Ministerio del Interior, por su parte, no quiere entrar de momento a arbitrar el asunto. "Hasta que no exista un desacuerdo formal y reconocido entre ambas partes no vamos a tomar partido", explican desde el departamento dirigido por Grande-Marlaska, que aún no ha puesto fecha a la Comisión Técnica en la que deberán sentarse sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles para dirimir el reparto. En ese foro también hay representantes de la Secretaría de Estado de Seguridad —dependiente del Ministerio—, pero todos ellos actuarán a modo de árbitros hasta que exista esa mencionada discrepancia explícita.

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