¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso. Saber más

Acepto

Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando visita casi cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página. Las cookies suelen almacenar información de carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a su perfil y necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se verían mermados notablemente.

Cookies utilizadas en este sitio web

Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud posible.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:

  • De sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el blog sean humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el spam.
  • Locales, para conservar por ejemplo los datos del proceso de reserva de pista (aplicación actualmente en construcción).
  • De Cookies, para gestionar el sistema de cookies según la elección del usuario en el banner de aceptación de todas las cookies o solo las propias necesarias. 

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:

  • Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de información acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá hacerlo comunicando directamente con Google.
  • Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar en botones del tipo Me gusta o Compartir.

 Notas adicionales

  • Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política de cookies.
  • Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores.
  • En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de no aceptación de las mismas.
  • En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea.
  • Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto.

Desactivación o eliminación de cookies

En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador que esté usando. 

TODAS LAS NOTICIAS
CIRCULO AHUMADA

TODAS  LAS NOTICIAS CIRCULO AHUMADA

FELICITACION NAVIDAD
  CIRCULO AHUMADA

CIRCULO AHUMADA FELICITA LA NAVIDAD

REVISTAS
CIRCULO AHUMADA

solo portada 175 WEB copia

VISITA VIRTUAL  MUSEO
GUARDIA  CIVIL

GC MUSEO

 
 

Principio y final de la Policia General del Reino (1824-1840) y creación de la Guardia Civil (1844)

 

guardia civil

 

Mucho se ha venido escribiendo en las dos últimas décadas sobre la Policia General del Reino, creada bajo el Régimen Absolutista de Fernando VII, y posiblemente se haya hecho en ocasiones con más corazón corporativo que con razón académica. Es por ello que tal vez sea positivo aportar algo de conocimiento al respecto.

Bastante podría escribirse sobre los antecedentes históricos de las instituciones de seguridad pública españolas, remontándonos incluso hasta la Santa Hermandad creada por los Reyes Católicos en 1476. Pero por centrarnos en la Policía General del Reino, diremos que sus antecedentes históricos se remontan al año 1782, cuando por el Marqués de Floridablanca se pensó crear una nueva institución denominada “Superintendencia General de Policía”. Ésta quedó constituida por Real Cédula de 30 de marzo de dicho año, quedando limitadas sus competencias al ámbito de la zona de Madrid. Finalmente sería suprimida diez años después como consecuencia de las confrontaciones políticas de la época.1

Durante los años siguientes se producirían diversos proyectos, creaciones, disoluciones, reconversiones y reorganizaciones de diferentes instituciones de seguridad pública que, por una u otra razón, no terminaron de consolidarse. Entre ellas cabe destacar la del efímero restablecimiento efectuado el 13 de diciembre de 1807 de la mencionada Superintendencia General2 y la creación de la “Superintendencia General de Vigilancia Pública” mediante un “Artículo de Oficio” de fecha 8 de junio de 1823.3

Mención especial merece el proyecto no consolidado que el teniente general Pedro Agustín Girón Las Casas, ministro de la Guerra y padre del futuro organizador de la Guardia Civil, el II Duque de Ahumada, presentó el 30 de julio de 1820 a las Cortes para su aprobación.

Se trataba de un cuerpo de ámbito nacional y carácter militar destinado exclusivamente a lograr la paz y la seguridad interior del país. Era un proyecto realmente muy novedoso en cuanto a su concepción. Con él se pretendía “el exterminio de los malhechores y la seguridad en los caminos, objeto principal de su instituto, cuyas circunstancias no se han podido lograr jamás a pesar de las medidas del Gobierno y de los esfuerzos y sacrificios de los pueblos”. Fue rechazado en la votación por considerarse “medida atentatoria a la libertad y desorganizadora de la Milicia Nacional”.4

Redactado el proyecto de establecimiento de la Policía General del Reino, en el que el propio Fernando VII fijó las bases en que debía fundamentarse, fue estudiado por una comisión y tras introducir las variaciones que se estimaron convenientes, se presentó el 1º de enero de 1824 el proyecto definitivo de real decreto al secretario de Gracia y Justicia. El Consejo de Ministros lo aprobó cinco días más tarde y el rey lo sancionó el 8 de enero, promulgándose por Real Cédula de 13 de enero.5

Se trató de un ambicioso e interesante proyecto de Policía integral y naturaleza civil que, al igual que sucedió con otras instituciones de seguridad pública de la época, civiles y militares, nació con vocación de permanencia y ámbito estatal, pero terminó fracasando con el tiempo al no conseguir ni lo uno ni lo otro. No tuvo continuidad en el tiempo ni vertebró el Estado al no conseguir desarrollar apenas su despliegue territorial.

Su desaparición se debería precisamente a la razón principal de su creación, aunque sea la que menos se suele mencionar, la de policía “política” o “secreta”, que realmente predominaba sobre el resto de funciones policiales. De hecho, el propio Fernando VII lo decía de forma velada al inicio de la exposición de motivos de la normativa citada:

Entre las atenciones que al verme restituido a la plenitud de los derechos legítimos de mi soberanía, reclaman con urgencia mi paternal solicitud, he considerado como una de las más importantes el arreglo de la Policía de mis Reinos, la cual debe hacerme conocer la opinión y las necesidades de mis pueblos, e indicarme los medios de reprimir el espíritu de sedición, de extirpar los elementos de discordia, y de desobstruir todos los manantiales de prosperidad”.

 

En relación a ello, y sin perjuicio del resto de funciones policiales a ejercer, su articulado dejaba muy claras las misiones propias de la Policía creada para servir y proteger al Régimen Absolutista que se había implantado tras acabar por la fuerza de las armas con el Trienio Liberal (1820-1823).

Así, en el artículo XIV se disponía que además de las atribuciones privativas que se contemplaban en dicho texto, la Policía tendría otras que desempeñaría acumulativamente, y sin perjuicio de los derechos de la jurisdicción Real ordinaria, de los de las jurisdicciones privativas, y de los de las autoridades gubernativas, como ayuntamientos o juntas autorizadas por las leyes en sus casos respectivos. Entre esas atribuciones se encontraban las siguientes:

“7ª. Cuidar de que no se introduzca por las fronteras de mar ni de tierra obra alguna, en cualquier idioma que sea, sin que el introductor presente orden expresa Mía, o la correspondiente licencia del Consejo, expedida en vista del ejemplar remitido previamente a él, u oido el Subdelegado general de Imprentas y Librerías del Reino.
8.ª Aprehender, previa información secreta, y con acuerdo del Subdelegado general de Imprentas, o de los particulares de las Provincias según los casos, cualesquiera libros que se hayan introducido sin los requisitos prevenidos en el artículo anterior, ya existían en poder de libreros o impresores, ya de particulares o comunidades, por privilegiados que sean, y entregar los reos de estas infracciones a las autoridades competentes para que les impongan las penas que les señalan las leyes.
9.ª Impedir la entrada, circulación y lectura de periódicos, folletos, cuadros satíricos, caricaturas u otros cualesquiera papeles o estampas en que se ataque mi Persona o regalías, o se ridiculicen o censuren las providencias de mi Gobierno; y aprehender estos mismos objetos, y los individuos que los introduzcan o retengan.
13.ª Perseguir las asociaciones secretas, ora sean comuneros, masones, carbonarios o de cualquier otra secta tenebrosa que exista hoy o existiere en adelante; ora se reunan para cualquier otro objeto, sobre cuyo carácter reprobado infunda sospechas la clandestinidad de las juntas.”

 

Dado que una de las principales debilidades que padecía la Policía General del Reino era la de no disponer de fuerza propia suficiente, acorde con las numerosas competencias de diverso tipo que tenía asignadas, se dispuso en el artículo XV los apoyos necesarios.

Concretamente se estableció que cuando la Policía precisara para el desempeño de sus funciones, el auxilio o cooperación de fuerza armada, podría utilizar (“ínterin establezco un Cuerpo militar especialmente encargado de la seguridad de los pueblos y de los caminos”) de sus alguaciles y dependientes; y en caso necesario invocar el auxilio de los comandantes militares, de los ayuntamientos, jueces y tribunales, de los jefes de la Real Hacienda, “y de cuantos tengan fuerza armada de que disponer.”

Otro ejemplo de una Policía propia de una Regimen Absolutista fue la cuestión del tiempo que los detenidos podían permanecer detenidos a su disposición y que se regulaba en el artículo XVI. El plazo máximo para ponerlos a disposición de jueces y tribunales era de ocho días. Pero caso de que fueran “reos presuntos de conspiración contra el Estado, y a los de contravención a los reglamentos de Policía”, podrían entonces continuar a disposición policial, “todo el tiempo que ella necesite para averiguar las ramificaciones de sus planes”.

Dada la importancia que tenían las confidencias, el punto 4º del artículo XXI establecía que dentro del presupuesto de gastos anuales debería existir, “un fondo reservado para gratificaciones extraordinarias a los individuos que hagan a la Policía revelaciones importantes a la tranquilidad o seguridad del Estado, expedición de correos extraordinarios para anunciar ocurrencias que interesen inmediatamente a la misma tranquilidad y seguridad, y otros gastos imprevistos”.

 Si bien es cierto que la Policía General del Reino constituyó en su inicio un prometedor y significativo avance respecto al resto de instituciones de seguridad pública que hasta esa fecha habían existido, le perjudicó letalmente tanto su perfil de policía “secreta” como su singular y excesiva implicación política con algunos de los gobiernos bajo los que sirvió.

 Ello terminó provocando no sólo que no terminara desarrollando su proyecto inicial, sino que fuera incluso objeto de durísimos reproches por los gobiernos que sucedieron a los que habían hecho un uso abusivo de sus capacidades, siendo condenada finalmente a su abolición definitiva.

Ello se puso de manifiesto por ejemplo al dictarse la Real Orden de 14 de agosto de 1827, mediante la que se revisó y modificó su reglamento que había sido aprobado el 20 de febrero de 1824, procediéndose a una significativa reducción de personal y presupuestos así como de atribuciones y competencias.6

 Si bien por Real Decreto del Ministerio de Fomento, de 25 de septiembre de 1833,publicado al día siguiente, víspera del fallecimiento de Fernando VII, volvió brevemente a fortalecerla parcialmente, ello apenas duró un mes.

Así, por Real Orden de 23 de octubre siguiente, tras comenzar exponiendo que la Policía General del Reino debía circunscribirse “en los límites de que nunca debió salir, que ejercitando su vigilancia sobre algunos no lo haga sino en el interés de la seguridad de todos; y que, en lugar de instrumento de vejaciones, sea un medio de gobierno, y por consiguiente un elemento de protección”, se ordenó al superintendente general, “haga inmediatamente revisar y refundir en este sentido los reglamentos del ramo, suprimiendo en ellos toda precaución exorbitante, toda formalidad vejatoria, toda traba, en fin, que no sea absolutamente exigida por la necesidad de conservar el orden y de asegurar el reposo general”.8

La situación se fue complicando cada vez más para dicha institución policial hasta que, tras la creación del Ministerio del Interior,9 por Real Decreto de 13 de mayo de 1834,10 se terminó dictando el Real Decreto de 4 de octubre de 1835,11 mediante el que quedó “suprimida la superintendencia general de policía, creada en virtud del de 8 de Enero de 1824”, dado tanto la inutilidad de su permanencia como lo costoso de sus dependencias.

Otro Real Decreto de fecha 25 del mismo mes suprimió también la contaduría general de policía, incorporándola a la del “Ministerio de lo Interior”,12 que a su vez por Real Decreto de 4 de diciembre siguiente, pasó a denominarse “Ministerio de la Gobernación del Reino”.13 

El final definitivo de lo que quedaba de la Policía General del Reino, bastante desprestigiada ya, tal y como reflejan las hemerotecas, vendría mes y medio después de serle conferida por la Regente María Cristina de Borbón, la presidencia del Consejo de Ministros al capitán general Joaquín Baldomero Fernández-Espartero Álvarez de Toro.14 Éste, cuatro semanas después, se hizo cargo de la Regencia al renunciar y exiliarse aquella.15 

Así, por Real Decreto de 2 de noviembre de 1840,16 tomando en consideración lo que con dicha fecha había expuesto el ministro de la Gobernación, Manuel Cortina Arenzana, a la Regencia provisional del Reino, se decretó que quedaba, “abolida la policía secreta y prohibido hacer ningún gasto con tal objeto”, expresándose en los términos más duros que nunca antes se había utilizado en una resolución oficial para certificar la defunción de una institución de seguridad pública. Igualmente se dispuso que se propondría con urgencia, la organización que debiera tener la “policía de protección y seguridad pública”, ejercida por las autoridades que la ley reconoce.

Sin embargo, a pesar de instarse de forma expresa tal urgencia, su organización, se demoraría aún más de tres años como consecuencia, entre otras causas, de las constantes crisis políticas y sucesivos cambios de gobierno que padeció la nación.

El desolador escenario que ello provocó en el panorama de la seguridad pública española, recién salido de la Primera Guerra Carlista, quedó perfectamente reflejado en una carta que el ministro de la Guerra, mariscal de campo Manuel de Mazarredo Mazarredo,  escribió el 31 de diciembre de 1843, al ministro de Gobernación, José Justiniani Ramírez de Arellano:

“Siendo continua la diseminación en que se encuentra la mayor parte de las tropas de Infantería, Caballería y Milicias, a causa de la persecución de ladrones y malhechores de todas especies a que están constantemente destinadas en innumerables partidas y destacamentos, en términos de no poder atender como conviene al servicio de las guarniciones y demás que les son peculiares; y no pudiendo esto dejar de producir males inmensos, como V.E. conocerá, a la disciplina del Ejército …; se hace preciso tratar de remediarlo, lo cual pudiera hacerse por medio de una fuerza pública que bajo dependencia inmediata del Ministerio de la Gobernación del digno cargo de V.E. y con la denominación que fuese más adecuada, se organizase convenientemente, relevase a las tropas de aquel servicio y se encargase de él en todos los pueblos, caminos y demás puntos de la superficie de la península”.17

 

Hubo por lo tanto que esperar a que el primer paso realmente firme, serio y con vocación de futuro que se dio para afrontar el grave problema de la seguridad pública en España, fuese el 26 de enero de 1844, bajo el gobierno de Luis González-Bravo López de Arjona, al crearse por real decreto, en el seno del Ministerio de Gobernación, el Ramo de Protección y Seguridad.

En el inicio de su exposición de motivos, no se dejaba duda alguna sobre la preocupación del Gobierno de Isabel II por el principal problema de la época: “la libertad civil, expuesta de continuo a los amaños y violencias individuales, no puede subsistir con firmeza sin la tutelar vigilancia y sin el robusto apoyo de la autoridad solícita y vigorosa del Gobierno”.18

Tal y como se continuaba relatando en la citada exposición, si bien se asumía que “por muy lamentables que sean algunos antecedentes que en España ofrece la organización del ramo de seguridad”, y se reconocía que “la abolición completa de la policía trae su origen del año 1840”, era indispensable que el gobierno pudiera “velar eficazmente por las personas y los bienes de todos”.

Aunque se recogía expresamente que el Real Decreto de 2 de noviembre de dicho año,19 había llegado a “suprimir del todo la institución, limitándose a la parte peligrosa y repugnante”, la policía secreta, bien era cierto que se “reconoció la necesidad imperiosa de organizar la policía, que apellidada de protección y seguridad pública, poniéndola exclusivamente en manos de las autoridades populares, a quienes la instrucción de febrero de 1823 confiaba el desempeño de un servicio tan ajeno de la índole de su instituto, como incompatible con la mudanza periódica y frecuente de la autoridad municipal”.

Dicha norma, se trataba de la “Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias”, aprobada por Real Decreto de 3 de febrero de 1823, que durante los años siguientes había sido objeto, como consecuencia de los vaivenes políticos, de diversas suspensiones y reposiciones,20 hasta que –y no sería la última vez- había sido otra vez derogada por Real Decreto de 30 de diciembre de 1843.21

Ello permitía, según apuntaba la exposición de motivos del mentado Real Decreto de 26 de enero de 1844, “la necesaria soltura para organizar el ramo de seguridad conforme a los buenos principios en que estriba el deber primero de la autoridad pública y la protección y firmeza del orden social”.

Consecuente con ello, comenzaba su articulado decretando que el servicio de protección y seguridad pública estaría exclusivamente a cargo del Ministerio de Gobernación de la Península, y de sus respectivos agentes en las provincias, y finalizaba, disponiendo que el ministro debía proponer, “con la urgencia que el servicio público reclama, la organización de una fuerza especial destinada a proteger eficazmente las personas y las propiedades, cuyo amparo es el primer objeto del ramo de protección civil”.

El segundo paso de importancia que se dio para seguir avanzando en la resolución del grave problema de orden y seguridad pública que entonces se padecía en España, fue tan sólo dos meses después.

El 28 de marzo siguiente, todavía bajo la presidencia de González-Bravo, se dictó un real decreto que disponía la creación del “Cuerpo de Guardias Civiles”,22 de carácter civil y dependiente del Ministerio de la Gobernación, “con el objeto de proveer al buen orden, a la seguridad pública, a la protección de las personas y de las propiedades, fuera y dentro de las poblaciones”, si bien, en cuanto a la organización y disciplina, dependería de la jurisdicción militar, tal y como se establecía expresamente en su artículo 12º.

El inicio de su exposición de motivos no dejaba duda alguna de su entroncamiento con el Real Decreto de 26 de enero anterior, citándolo expresamente y afirmando que: “El Gobierno ha menester una fuerza siempre disponible para proteger las personas y las propiedades; y en España, donde la necesidad es mayor por efectos de sus guerras y disturbios civiles, no tiene la sociedad ni el Gobierno más apoyo ni escudo que la milicia o el Ejército, inadecuados para llevar este objeto cumplidamente o sin perjuicios”. Es decir, España carecía entonces de una institución de seguridad pública de ámbito estatal y carácter policial.

El resto de la historia fundacional es ya sobradamente conocida, por lo que sólo se hace a continuación una breve referencia de lo más destacable. El propósito inicial era que esa nueva “fuerza especial” que se iba a crear fuera realmente la fuerza armada y uniformada que tendría el Ramo de Protección y Seguridad para poder cumplir sus cometidos, pero ahora bajo las órdenes directas de los jefes políticos de las provincias y no bajo las de los alcaldes.

 Sin embargo, ese proyecto que hubiera terminado abocado al fracaso como había sucedido con los que le precedieron, ya que adolecía de importantes vulnerabilidades, cambió de rumbo, tras disponerse por Real Orden de 12 de abril de 1844, dimanante del Ministerio de Gobernación, que se procediera a organizar el nuevo Cuerpo por el Ministerio de la Guerra, y comisionarse por otra real orden dictada tres días después, al mariscal de campo y II Duque de Ahumada, Francisco Javier Girón y Ezpeleta, como su director de organización.23

En tan sólo cinco días elaboró un detallado informe en el que expuso con claridad y contundencia sus enmiendas y reparos al contenido del Real Decreto de 28 de marzo. El hecho de que el teniente general Ramón María Narváez y Campos, asumiera el 3 de mayo la presidencia del Consejo de Ministros y la cartera del Ministerio de la Guerra, favoreció la rápida aprobación de las modificaciones propuestas por el Duque de Ahumada.24

Diez días más tarde, el 13 de mayo, se publicó un nuevo y definitivo real decreto recogiendo las modificaciones propuestas.25 La Guardia Civil que surgió de esta nueva organización tenía un inequívoco carácter militar, frente a la que se organizaba en el decreto de marzo.26

Conforme a la nueva y definitiva norma fundacional, la Guardia Civil tenía por lo tanto una clara naturaleza castrense y quedaba sujeta, según se disponía en su artículo 1º, al “Ministerio de la Guerra por lo concerniente a su organización, personal, disciplina, material y percibo de sus haberes, y del Ministerio de la Gobernación por lo relativo a su servicio peculiar y movimiento”.

En definitiva, tal y como escribiría cinco décadas después el insigne escritor Benito Pérez Galdós, en una de sus obras, con motivo del enlace matrimonial de Isabel II con su primo Francisco de Asís de Borbón en 1846, al arremeter contra el que había sido el presidente Luis González-Bravo:

“Y no fue su gobierno de cinco meses totalmente estéril, pues entre el miserable trajín de dar y quitar empleos, de favorecer a los cacicones, de perseguir al partido contrario y de mover, sólo por hacer ruido, los podridos telares de la Administración, fue creado en el seno de España un ser grande, eficaz y de robusta vida: la Guardia Civil”.27

 

Por lo tanto, puede concluirse que la Policía General del Reino, como institución de seguridad pública, es un antecedente histórico más de los que precedieron y desaparecieron antes de la creación en 1844 del Cuerpo de la Guardia Civil, que con permanencia de futuro terminó por vertebrar realmente el Estado y que hoy día, casi 178 años despues, sigue siendo el de mayor antigüedad, despliegue territorial y entidad numérica del Estado Español.

 

Jesús Narciso Núñez Calvo
Coronel de la Guardia Civil
Doctor en Historia

 

__________________

1 TURRADO VIDAL, Martín. Documentos fundacionales de la Policía. Madrid: Ministerio Interior, 2002, p. 13.
2 ANTÓN LÓPEZ, Julio. Historia de la Policía Española. Madrid: Edición del autor, 2000, p. 140.
3 CABO MESEGUER, Vicente; CAMINO DEL OLMO, Miguel Ángel; y CORREA GAMERO, Manuel. Policía Española. Notas e imágenes. Barcelona: Lunwerg Editores, 1999, p. 31.
4 AGUADO SÁNCHEZ, Francisco. Historia de la Guardia Civil. Madrid y Barcelona: Ediciones Históricas, Cupsa y Planeta, 1983, vol. I, pp. 163-166.
5 Gaceta de Madrid, núm. 6, 13/01/1824, Suplemento, pp. 25-28. CABO, V.; CAMINO, M.; y CORREA, M. Policía Española …., op. cit, p. 33. TURRADO, M. Documentos fundacionales …, op. cit, pp. 17-18.
6 Gaceta de Madrid, núm. 99, 18/08/1827, pp. 393-394.
7 Gaceta de Madrid, núm. 117, 26/09/1833, p. 499.
8 Gaceta de Madrid, núm. 131, 24/10/1833, p. 562.
9 ROJAS JUÁREZ, José Rafael; y DE ANDRÉS DÍAZ, Rosana. Ministerio del Interior. Dos siglos de historia. Bilbao (Vizcaya): Ministerio del Interior, 2015, pp. 44-46.
10 Gaceta de Madrid, núm. 84, 15/05/1834, p. 385.
11 Gaceta de Madrid, núm. 283, 05/10/1835, pp. 1.121-1.122.
12
Gaceta de Madrid, núm. 306, 28/10/1835, pp. 1.213-1.214.
13 Ibídem, núm. 347, 08/12/1835, p. 1.386.
14 Gaceta de Madrid, núm. 2.159, 20/09/1840, p. 1.
15 Gaceta de Madrid, núm. 2193, 20/10/1840, p. 1.
16 Gaceta de Madrid, núm. 2.207, 03/11/1840, p. 2.
17 LÓPEZ GARRIDO, Diego. La Guardia Civil y los orígenes del Estado centralista. Madrid: Alianza Editorial, 2004, p. 92.
18 Gaceta de Madrid, núm. 3.422, 27/01/1844, p. 2.
19 Gaceta de Madrid, núm. 2.207, 03/11/1840, p. 2.
20 SOSA WAGNER, Francisco y DE MIGUEL GARCÍA, Pedro. Creación, Supresión y Alteración de Términos Municipales. Madrid: Instituto de Estudios de la Administración Local, 1987, pp. 20-24.
21 Gaceta de Madrid, núm. 3.395, 31/12/1843, pp. 1-3.
22 Gaceta de Madrid, núm. 3.486, 31/03/1844, pp. 1-2.
23 Ibídem, núm. 3.506, 20/04/1844, p. 1.
24 LOPEZ CORRAL, Miguel. La Guardia Civil. Nacimiento y Consolidación (1844-1874). Madrid: Editorial Actas, 1995, pp. 38-39.
25 Gaceta de Madrid, núm. 3.530, 14/05/1844, pp. 1-2.
26 MARTÍNEZ VIQUEIRA, Eduardo. Hombres de Honor. El Duque de Ahumada y la Fundación de la Guardia Civil. Madrid: La Esfera de los Libros, 2019, p. 211.
27 PÉREZ GALDÓS, Benito. Bodas Reales. Episodios Nacionales. Madrid, 1900, p. 40.

Desarticulan una red dedicada al robo de cobre que llegó a sustraer más de 28.800 kilos de cable en toda España

robo cobre

 

EP. 16-01-2022

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Municipal de Madrid, ha desarticulado una red dedicada al robo de cobre que había llegado a sustraer más de 28.800 kilos de cable en localidades de toda España y ha detenido a 10 personas implicadas, con edades comprendidas entre los 18 y los 40 años.

Los arrestados están acusados de los presuntos delitos de robo con fuerza, pertenencia a organización criminal y robo con violencia e intimidación, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado. 

La organización desarticulada había llegado a sustraer más de 28.800 kilos de cable de cobre en las provincias de Badajoz, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Salamanca, Segovia, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora, y, junto con los daños causados en las instalaciones a las que accedían por la fuerza, el valor supera el medio millón de euros.

La operación, bautizada bajo el nombre 'Zaun', se inició a principios del mes de junio de 2021 tras tener conocimiento la Guardia Civil de la comisión del robo de varios metros de cable de cobre en una subestación eléctrica en la localidad de Utiel (Valencia), donde además agredieron al vigilante de seguridad que custodiaba la instalación. También actuaron en una planta fotovoltaica del municipio valenciano de Caudete de las Fuentes.

A lo largo de la investigación, los agentes descubrieron que los ahora detenidos había cometido delitos también en diferentes localidades de las provincias de Badajoz, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Salamanca, Segovia, Toledo, Valladolid y Zamora.

Los miembros de la red, que principalmente dedicaban su actividad al robo de cable de cobre, escogían como principales objetivos plantas fotovoltaicas, cooperativas agrícolas, depuradoras, fábricas y naves industriales. Después, se trasladaban a diversas instalaciones como cementeras o canteras con el fin de estudiar un lugar específico para ocultar el material robado y, posteriormente, quemar el cable para deshacerse del revestimiento de plástico. Una vez realizado este trabajo, lo vendían de forma ilícita.

 Los autores, una vez en el interior del recinto donde iban a cometer el robo, enganchaban el extremo de cable de cobre que deseaban obtener en un vehículo y lo ponían en movimiento para sustraer una gran cantidad del mismo de forma rápida. Los vehículos utilizados eran de la propia instalación o, en algunas ocasiones, los habían sustraído antes del robo.

En los registros practicados, los agentes han intervenido diferentes herramientas utilizadas para el acceso a las instalaciones donde cometieron los delitos. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Requena (Valencia).

La operación se ha llevado a cabo por agentes pertenecientes al Puesto de la Guardia Civil de Utiel y el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Requena, que han contado con la colaboración de agentes de la Unidad del Distrito de Fuencarral de la Policía Municipal de Madrid, distrito donde residía el mayor número de miembros de este grupo delictivo.

La Guardia Civil de Granada rescata el cadáver de un senderista en la cima del Pico Lucero en la Sierra Almijara

vlcsnap 2022 01 12 granada rescate

El fallecido cayó desplomado al parecer a consecuencia de un infarto. Las inclemencias meteorológicas impidieron hacer el rescate con helicóptero por lo que se tuvo que hacer a pie

Detenido un varón en Tabernas (Almería) por una plantación interior de 241 plantas de marihuana

plantacion

 

EP. 16-01-2022

La Guardia Civil de Almería, en una reciente investigación, ha detenido en Tabernas a una persona por la presunta autoría de un delito contra la salud pública y otro de defraudación al fluido eléctrico, al serle intervenida un plantación interior de marihuana en la vivienda que ocupa junto con su mujer y tres hijos menores de edad.

La investigación comenzó cuando una patrulla de la Guardia Civil percibió el intenso olor tan característico que desprende este tipo de cultivos, que emanaba de una vivienda del núcleo urbano del municipio de Tabernas.

Los agentes, en colaboración con técnicos de Endesa, realizaron mediciones en la acometida ilegal a la red de fluido eléctrico del domicilio ocupado, en el que el autor de los hechos convive con su mujer y tres hijos menores de edad, comprobando que el consumo es muy superior al habitual en una vivienda de esas características.

Por eso, se organizó un dispositivo para realizar la correspondiente entrada y registro de la vivienda, donde se intervinieron 241 plantas de marihuana (cannabis Sativa), diferentes útiles para optimizar el cultivo, 20 focos, 3 aparatos de aire acondicionado, 6 ventiladores, 1 extractor de aire, 2 humificadores, 20 balastros y 1 filtro.

Expulsada de España una mujer marroquí que tenía prohibida la entrada en Francia por yihadismo

yihadismo

 

elconfidencialdigital.com. 17-01-2022

Las Fuerzas de Seguridad detienen cada año en España a decenas de sospechosos de formar parte de células terroristas de corte yihadista. La mayoría de los detenidos son hombres, pero también se ha arrestado a mujeres, que incluso han llegado a ser expulsadas de España por suponer una amenaza para la seguridad nacional.

 La Audiencia Nacional confirmó recientemente la decisión de la Secretaría de Estado de Seguridad de expulsar del territorio nacional, y prohibir la entrada por diez años, a una mujer nacida en Marruecos que residía en España legalmente desde 1999.

Confidencial Digital ha consultado la sentencia de la Sala de lo Contencioso que desestima el recurso de esta mujer, que trataba de frenar su expulsión de España.

 

Enviaban yihadistas a Siria

La afectada nació en Marruecos en 1996. Llegó a España con tres años, en 1999, y reside en nuestro país de forma legal desde entonces. En 2004 adquirió la residencia permanente, fue escolarizada y en 2018 contrajo matrimonio con un hombre también de origen marroquí.

Los Mossos d’Esquadra la detuvieron el 7 de abril de 2015, en una operación contra una célula yihadista que operaba en la provincia de Barcelona y enviaba combatientes (“Foreign territorist fighters”) a Siria e Iraq. Es decir, reclutaba y facilitaba el viaje a islamistas radicales que se unían al Daesh en sus dominios entre esos dos países.

 La operación se realizó por orden del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional. En el juicio posterior, esta mujer no fue condenada.

 

Comisaría General de Información

Sin embargo, en 2019 la Comisaría General de Información, que es la unidad de la Policía Nacional dedicada a detectar y vigilar actividades terroristas, denunció a esta mujer.

La Comisaría General de Información actuó en el marco de sus competencias en el “control, vigilancia y, en su caso, la detención de individuos cuyas actividades en nuestro país fomenten, faciliten o promuevan el terrorismo o participen, en cualquier modo o forma, en actividades contrarias a la seguridad nacional o pongan en peligro ésta o sean contrarias a los intereses de España”.

Para cumplir ese objetivo, Información presta especial atención al “control de individuos extranjeros residentes en España y cuyas actividades estén encuadradas dentro de la estructura de grupos, movimientos u organizaciones terroristas de carácter islamista e internacional”.

  

Música y propaganda yihadista

Ante la denuncia de la Policía, el secretario de Estado de Seguridad abrió un proceso administrativo de expulsión del territorio nacional. Concluyó el 15 de octubre de 2019 con una resolución que decretó la expulsión del territorio nacional de esta mujer con la consiguiente prohibición de entrada en España por un periodo de diez años.

En ese documento que ordenaba la expulsión de esta mujer marroquí con residencia en España, el secretario de Estado de Seguridad recogió los datos de la denuncia de la Comisaría General de Información, los ya referidos a su detención por los Mossos y su vinculación con ese hombre que intentó llegar a Siria para combatir con los yihadistas de Daesh.

Además, los agentes antiterroristas de la Policía señalaron que la mujer también “compartió experiencias con otra persona que se encontraba ya radicalizada, concretamente su cuñado”, también marroquí, que “viajó a Siria el 16/04/2014 para integrarse en el grupo terrorista Daesh y posteriormente realizó un ataque suicida en el que falleció”.

El cuñado animó a la mujer a viajar a Siria para casarse con algún yihadista, pero nunca llegó a realizar ese viaje. Sí se detectó que ella “consumía muchos productos propagandísticos del Daesh; música ‘Nasheed’ [que exalta la yihad], vídeos y libros con contenido yihadista”. Su pareja le regaló parte de esos contenidos propagandísticos.

 

Prohibido entrar en Francia hasta 2055

La Policía Nacional reconoció en su denuncia que ella no resultó condenada, pero añadió que “en el atestado policial de fecha 07/04/2015 [cuando se desarticuló la célula], que le fue instruido se le imputó encubrimiento de la actividad terrorista” llevada a cabo por su pareja y por otro miembro de la célula que también resultó detenido por la policía búlgara el 15 de diciembre de 2014 cuando se dirigía a Siria.

La denuncia de la Comisaría General de Información aportó otro dato relevante. Según ese escrito, la estrecha relación de esta mujer marroquí con su pareja y con otros miembros de la célula desarticulada por los Mossos d’Esquadra “motivó que las Autoridades policiales francesas” la incluyeran en sus ficheros de seguridad.

De hecho, la catalogaron como “persona perteneciente a un grupo terrorista ubicado en Cataluña susceptible de desplazarse por Europa y/o por el territorio francés”.

Así que las autoridades de este país dictaron una “Prohibición de Entrada en Francia” que estará vigente hasta agosto del año 2055 -dentro de 33 años-, y también una “Prohibición de Residencia” hasta el 12 de mayo de 2057.

Además, “las autoridades francesas también han propuesto el bloqueo de sus finanzas en aras a evitar un eventual apoyo económico” por parte de esta mujer al movimiento yihadista.

 

Ley de derechos de los extranjeros

Todos estos datos llevaron a la Policía Nacional a proponer, y a la Secretaría de Estado de Seguridad a aceptar y a dictar una medida que contempla la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Dicha ley considera una infracción muy grave que un extranjero participe en “actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países”. Esta definición tan genérica abarca desde los sospechosos de terrorismo, como es este caso, hasta quienes desarrollan actividades de espionaje al servicio de servicios de inteligencia extranjeros hostiles a España, por ejemplo.

Al amparo del artículo 57.1 de la misma Ley Orgánica 4/2000, Interior optó “por la medida de expulsión del territorio español, acompañada, conforme al artículo 58.2 de la citada norma, de la imposición de un periodo de prohibición de entrada de diez años”.

 

Alega que no es una amenaza actual

Esta mujer recurrió a la justicia para intentar frenar su expulsión de España. Presentó un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el que solicitaba anular la resolución del secretario de Estado de Seguridad que decidió echarla del país y prohibirle la entrada.

Su abogado argumentó que “aunque hipotéticamente se pudiera entender que la expedientada fue, en algún momento del año 2014, una amenaza real y grave para la seguridad nacional o el orden público, es necesario que en el momento de adoptar la medida de la expulsión concurra el requisito sine qua non consistente en que esa persona suponga una amenaza, además de grave y real, actual”.

Denunciaba, por tanto, que “la Administración no ha aportado dato alguno, posterior a 2014, que ayude a entrever siquiera por qué la demandante supone -en tiempo presente, en 2020- tal amenaza real, grave y actual para la seguridad nacional y/o el orden público, lo que señala que conduce a alegar una total y carente falta de motivación del acto administrativo impugnado”. Añadió que “mayor abundamiento, ni siquiera ha procedido la Administración a realizar la más mínima valoración de las circunstancias personales alegadas y documentadas en la instrucción del procedimiento de expulsión”.

 

“Joven adoctrinada”

La defensa de la mujer marroquí también se quejó de que “la medida de expulsión se acuerda seis años después del inicio de la investigación penal y cuatro años después de que, en virtud del auto de procesamiento, quedara claro que la demandante no había participado y colaborado en los hechos investigados”.

A su juicio, “el hecho de haber sido detenida e investigada en el marco de un proceso penal -aunque se trate de un delito de terrorismo-, no es merecedor, per se, de ser considerado un elemento que prejuzgue la participación de esta persona en los hechos investigados, y ni siquiera que existiera una comunión de ideas y de intereses entre la recurrente y los integrantes de la célula de la que no formaba parte”.

Frente a lo escrito en el informe de la Comisaría General de Información, según el abogado de la expulsada “lo que dijo el Juez Central es que no participó en los hechos que luego se enjuiciaron, ni colaboró con las actividades desarrolladas por dicha célula”.

También destacó que “todo el supuesto actuar de la actora se sitúa en el año 2014, cuando podía ser-dice- menor de edad, por lo que poniéndonos en el peor de los casos para nuestra representada, de lo aquí estaríamos hablando es de una joven (post adolescente, esto es relevante) que estaría siendo, en 2014 (o incluso antes) adoctrinada en una visión heterodoxa o radical del islam por parte de su pareja sentimental, así como por parte de su cuñado, aprovechándose ambos de la especial situación de vulnerabilidad”.

 

Radicalización

El Ministerio del Interior defendió la resolución del secretario de Estado de Seguridad, argumentando que “las medidas de expulsión y prohibición de entrada se encuentran debidamente motivadas, respetando el principio de proporcionalidad, y demás garantías legales” y destacó la lectura de las circunstancias personales de la recurrente, analizadas y enumeradas en el folio 57 del expediente administrativo -propuesta de resolución-, en el que señala que se analizan tanto sus vínculos familiares, sociales como afectivos, y múltiples detenciones policiales, para apreciar, sin duda alguna, la falta de arraigo en nuestro país.

Los jueces de la Audiencia Nacional aceptaron los argumentos de Interior y de la Policía. Es cierto que el Juzgado Central de Instrucción nº 1 había determinado que “no consta acreditada la participación en los hechos o la colaboración condicha célula” de la recurrente.

Pero en el mismo auto se consignó que “tales hechos quedan acreditados -a los efectos del procesamiento- en base a las observaciones telefónicas, vigilancias y seguimientos, lo manifestado por el agente encubierto y testigos protegidos, a lo que se une el material ocupado a los investigados”.

Sobre el marido de la expulsada, se constató su implicación gracias a un testigo protegido, vigilancias y seguimientos, un agente encubierto, observaciones telefónicas, “así como hallarle una carta de despedida” a su mujer, “libros, folios escritos, audios, imágenes yihadistas en el teléfono y consultas por internet en materia yihadista”.

“Desde esta perspectiva”, señalan los jueces, “se ha de estimar que los hechos que nos ocupan resultan subsumibles en el tipo infractor descrito en el artículo 54.1.a) de la L.O. 4/2000 al poner de manifiesto la radicalización de la recurrente”, que compartía ideología salafista con su pareja, “quien resultó condenado por la sentencia dictada por la Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional en las referidas diligencias previas por pertenencia a organización terrorista, y a quien la actora animaba a hacer la yihad en Siria, como se desprendía de las conversaciones que mantenían ambos por teléfono; conversaciones obtenidas, como se sigue de lo expuesto, de las observaciones telefónicas obrantes en el referido procedimiento penal”.

 

Expulsada pese a no ser condenada

Como se ha indicado, la mujer a la que Interior quería expulsar de España había argumentado que no era procedente expulsarla, si no había sido condenada por la justicia por esa supuesta vinculación con el yihadismo.

Los magistrados de la Audiencia Nacional no lo ven así: “Contrariamente a lo que se viene a aducir en demanda, una cosa es la calificación penal que corresponda a los hechos tomados en consideración por las resoluciones del orden jurisdiccional penal y otra distinta el reproche que esos hechos puedan merecer en el ámbito sancionador cuando la sanción administrativa contempla los mismos hechos desde la perspectiva de un interés jurídicamente protegido que no es el mismo que aquel que en la sanción penal se intenta salvaguardar”.

Llama la atención que no se detalle más sobre el hecho de que a esta mujer ya le constaban antecedentes policiales. Además de ser detenida en esa operación antiterrorista, tenía anotadas diversas detenciones en el Servicio de Informática de la Dirección General de la Policía y en el ordinal de los Mossos de Esquadra.

 

Amenaza real y suficientemente grave

La sentencia de la Audiencia Nacional llegar a establecer que “en el supuesto de litis, dada la radicalización de la actora que ha quedado expuesta”, animando a su pareja a hacer la yihad en Siria, “no se puede sino estimar que la misma representa una amenaza real y suficientemente grave, como prevé el invocado artículo 12 de la Directiva 2003/109, para la seguridad nacional”.

La seguridad nacional se entiende, según esa directiva, como “la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos”.

Los jueces no aceptaron tampoco sus argumentos por estar casado o haberse quedado embarazada, como motivos para no ser expulsada de España. Interior señaló que tenía poco arraigo en nuestro país, y la Audiencia Nacional considera que todas esas razones de la vida privada y familiar ceden, por razones de proporcionalidad, “ante la necesidad imperiosa de proteger la seguridad pública”.

Por ello se considera que la injerencia en el derecho a la vida familiar que supone su expulsión es proporcional al fin legítimo de protección de la seguridad nacional, ya que no consta impedimento para que su esposo le acompañe al país del que son nacionales”, es decir, Marruecos, “sin que, por lo demás, conste relación alguna de efectiva dependencia económica o asistencial respecto de familiares que puedan residir en nuestro país”.

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Burgos detecta un vehículo que circulaba a 141 km/h en una travesía

RADAR burgos archivo

La velocidad en el tramo se encontraba limitada por señalización vertical a 50 km/h. El conductor ha sido localizado e investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial

El veto al ascenso a general de División que ha logrado sortear el anterior jefe de la Legión

robles

 

elconfidencialdigital.com. 17-01-2022

“A propuesta de la Ministra de Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de diciembre de 2021, vengo en promover al empleo de General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra al General de Brigada don Marcos Llago Navarro”.

 El rey Felipe VI y la ministra Margarita Robles firmaron el Real Decreto 1137/2021, de 21 de diciembre, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra al General de Brigada don Marcos Llago Navarro.

Dos semanas después, el general de División Llago fue designado comandante general de Ceuta, un puesto que estaba vacante desde hace meses por la marcha del general Alejandro Escámez al Mando de Canarias.

Antes, Marcos Llago había mandado la Brigada ‘Alfonso XIII’ IIª de la Legión (Brileg) entre junio de 2018 y abril de 2021. En su marcha de ese destino, en el hecho de que no ascendiera en ese momento y lo haya hecho ahora ha tenido que ver Margarita Robles, el anterior Jefe del Estado Mayor del Ejército y el número dos de este último.

 

Un ascenso inesperado

Confidencial Digital ha podido saber que la noticia del ascenso de Marcos Llago a general de División en diciembre causó cierta sorpresa entre oficiales generales del Ejército de Tierra, que daban por hecho que Llago ya no ascendería a un empleo superior al de general de Brigada, y cumpliría el tiempo que le quedara hasta su pase a la reserva.

 Altos mandos consultados por ECD coinciden en una misma explicación o versión sobre estos movimientos que afectan al general Marcos Llago, y que han provocado comentarios dentro del Ejército de Tierra.

 

Sin ascenso al dejar la Legión

Marcos Llago fue relevado a principios de abril por el general de Brigada Melchor Marín Elvira. Se produjo, por así decir, una permuta: Marín pasó del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, en Bétera (Valencia) a mandar la Brigada de la Legión (Viator, Almería), y Llago dejó el mando de la Brigada de la Legión y fue destinado, precisamente, al Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.

El cese ya fue algo inesperado para algunos altos mandos. Llago llevaba algo menos de tres años en el puesto, y aunque el coronavirus había obligado a cancelar o reducir algunos actos conmemorativos, aún estaba en marcha el programa de celebraciones por el centenario de la Legión que abarcaría un año, de mediados de 2020 a mediados de 2021.

La marcha de este tipo de destinos de mando, para un general de Brigada, se suele producir por varios motivos: traslado a otro puesto, pase a la reserva, o ascenso. Cuando son ascendidos, los oficiales generales son trasladados a otro destino acorde a su nuevo empleo.

En este caso, sin embargo, Llago no ascendió a general de División. Además, fue trasladado a un puesto señalado por otros oficiales generales como de menor entidad que el mando de la Brigada de la Legión que ostentaba hasta entonces.

 

Bien valorado por Robles

Varios generales apuntan que ese cambio de destino de Llago, para ser destinado en otro destino de la estructura del Ejército de Tierra, no gustó a la ministra de Defensa.

Explican que Margarita Robles tenía muy bien considerado al general Llago. Le tenía mucho aprecio, y no vio con buenos ojos que fuera ‘aparcado’ en un puesto de menor responsabilidad.

Cambio de JEME y de 2º JEME

¿De dónde procedía, entonces, la decisión de que Llago no ascendiera, y además dejara la Brigada de la Legión? Tres altos mandos con responsabilidad en las Fuerzas Armadas señalan directamente a la anterior cúpula del Ejército de Tierra.

Margarita Robles cambió en octubre al Jefe del Estado Mayor del Ejército. El general de Ejército Francisco Javier Varela Salas pasó a la reserva y dejó el puesto de JEME, que ocupaba desde abril de 2017. En su lugar fue nombrado Amador Enseñat y Berea.

A la vez, en una maniobra que provocó cierto revuelo interno en el Ejército, Robles también designó al nuevo Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Carlos Palacios Zaforteza. Para ello, cesó al teniente general Miguel Martín Bernardi, hasta entonces 2º JEME.

El cese de Bernardi causó sorpresa, ya que le quedaban apenas tres meses para pasar a la reserva. Se esperaba que conviviera unos meses con el nuevo JEME, y tras pasar a la reserva, Enseñat ya nombraría a un 2º JEME de su confianza.

 

Diferencias sobre la Brigada 2035

Precisamente, las fuentes consultadas aseguran que el roce, el conflicto se daba entre Marcos Llago, siendo general jefe de la Brigada de la Legión, por un lado, y Francisco Javier Varela y Miguel Martín Bernardi, JEME y 2º JEME, por otro lado.

Las causas de ese desencuentro podrían ser varias. Algunos oficiales generales apuntan diferencias sobre el proyecto “Brigada Experimental 2035”: la Brigada de la Legión ha sido designada como la unidad del Ejército de Tierra en la que se experimentan los cambios tecnológicos y organizativos que se prevén en la “Fuerza 2035”, el plan para transformar el Ejército de Tierra en varias fases que alcanzan a ese año 2035.

En ese marco, es la Brigada de la Legión la que ha probado los demostradores del nuevo Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 que sustituirá a los Blindados Medios sobre Ruedas (BMR).

Destacados altos mandos aseguran que en el Estado Mayor del Ejército, que dirige el 2º JEME, se consideró que en cierta manera el general Llago se estaba tomando atribuciones que no le correspondían.

Se fue incubando un choque que condujo a que el 2º JEME Martín Bernardi se opusiera a la posibilidad de ascender a Marcos Llago al empleo de general de División. A ello se añadió la decisión de sustituirle en el mando de la Brigada de la Legión.

Cabe apuntar que tanto el ya ex JEME Varela Salas como el ex 2º JEME Martín Bernardi son legionarios. Habían pasado por unidades de la Legión, igual que Llago, que gran parte de su carrera como oficial, en distintos empleos, ha estado destinado en destinos de la Legión.

Sin embargo, en este caso no había sintonía por ese pasado legionario en común. Varela y Martín Bernardi pertenecen a generaciones anteriores a Llago.

 

Robles impulsa su ascenso

De ese choque, el general de Brigada Marcos Llago había terminado fuera del mando de la Brigada de la Legión, y sin ascender. Pero la situación dio un vuelco cuando Margarita Robles cambió la cúpula del Ejército de Tierra.

Todas las fuentes consultadas aseguran que una vez apartado Miguel Martín Bernardi del Estado Mayor del Ejército, la ministra de Defensa tuvo vía libre para impulsar el ascenso de Marcos Llago, que como ya se ha contado, es muy bien valorado por Robles.

Varios generales conocedores de este pulso a varias bandas aseguran que, en principio, Marcos Llago no iba a ascender. En la clasificación para el ascenso era el séptimo u octavo, y por ello no habría sido promocionado a general de División.

Es decir, aseguran que incluso sin el veto del anterior Segundo Jefe de Estado Mayor del Ejército, no le habría correspondido ascender: podría haber permanecido más tiempo como jefe de la Brigada de la Legión, y habría pasado a la reserva al cumplir el tiempo regulado para los oficiales generales.

Eso no obsta para que las mismas fuentes añadan que “Llago es un gran oficial”, y lo remarquen. Pero confirman que no lo habría tocado ascender por turno.

Sin embargo, Margarita Robles decidió apostar por Llago. Propuso su ascenso al Consejo de Ministros, que lo aprobó, y después el ya general de División Marcos Llago fue colocado al frente de la Comandancia General de Melilla.

Por su parte, el JEME Francisco Javier Varela Salas ya se encuentra en la reserva, tras solicitar a la ministra ser relevado, y el teniente general Miguel Martín Bernardi pasará también en breve a la reserva, ya sin ser el Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército.

El SEPRONA de la Guardia Civil de Burgos retira una red japonesa ilegal para atrapar pájaros instalada en el Río Vena

SEPRONA red japonesa

Se encontraron 12 ejemplares de fringílidos muertos enganchados mediante este tipo de trampeo prohibido. El SEPRONA ha abierto una investigación para esclarecer los hechos e identificar al autor o autores. La Guardia Civil remarca la colaboración ciudadana y la importancia de denunciar

La Web Benemérita al día actualizará su formato en los próximos días

Construcción

Agradecemos a nuestros lectores su paciencia mientras mejoramos la Web. En unos días no se publicarán más artículos hasta que finalicen las tareas de mejora. En breve volveremos con un nuevo formato.

El SEPRONA de la Guardia Civil de Hornachos (Badajoz) investiga un entramado empresarial por fraude alimentario en la comercialización de productos ibéricos

IMG202008 ibericos badajoz

Son 7 las empresas relacionadas en las acciones delictivas, ubicadas en las provincias de Badajoz, Salamanca, Madrid y Murcia.  A los diez responsables se les considera presuntos autores de delitos de estafa, falsedad documental, contra la salud pública y los consumidores. Se han inmovilizado 29.000 piezas valoradas en más de 1.000.000 de euros, entre las que se encuentran 19.600 paletas y jamones

Subcategorías

Envíe su carta al Director

Si lo desea, puede enviarnos sus cartas al director a Benemérita al día dirigiéndose a:  CONTACTAR

La extensión es libre, aunque le recomendamos que su extensión no sea superior a un folio, ya que las muy largas son menos leídas.

WEBS RECOMENDADAS

logo gc copia22

logoministeriodefensa

pronunciamimnetos militares2

logo policia

logodiaper

grandes batallas

MONASTERIO TEJEDALogo esencia de Españaz

Comunicación audiovisual Tomás Ortiz

logo cabanas valle cabriel color
logo balneario concepcion color
OPF Investigation logo graciela LOGO Cian Aqua 1 e mas

 

 

Suscripción al Boletín de Noticias de Benemérita al Día